La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 46 años y 8 meses de prisión en contra de Alejandro T. B., tras quedar plenamente demostrada su responsabilidad penal en el delito de violación agravada en perjuicio de una víctima menor de edad.
¿Qué se sabe de las violaciones contra la menor de edad en Chihuahua?
Las investigaciones ministeriales presentadas por la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales acreditaron que el sentenciado consumó las agresiones de manera reiterada en el entorno doméstico de la colonia El Saucito, en la capital del estado. El Ministerio Público documentó que el sujeto atacó sexualmente a la víctima en diversas ocasiones y fechas específicas, las cuales se desglosaron cronológicamente durante las audiencias:
- Inicios del patrón delictivo: Las primeras agresiones físicas y abusos comenzaron a registrarse de manera interna en los años 2015 y 2016.
- Continuidad de los abusos: El procesado reanudó las agresiones sexuales en contra de la adolescente durante el mes de septiembre del año 2023.
- Últimos ataques documentados: Los últimos actos delictivos que integraron la causa penal se ejecutaron de forma consecutiva en los meses de marzo, mayo y julio del año 2024.
¿Cómo fue la detención y cuál será la sentencia que cumplirá?
A consecuencia de las denuncias presentadas y la recopilación de indicios probatorios, Alejandro T. B. fue detenido por elementos de investigación el 19 de septiembre de 2024 mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión judicial. Desde esa fecha, el agresor permaneció bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán.
Un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos validó cada uno de los datos de prueba expuestos por la representación social. Además del tiempo dictado tras las rejas, la autoridad judicial impuso al sentenciado la obligación económica de cubrir el pago correspondiente a la reparación integral del daño en sus vertientes material y moral en favor de la víctima, sumado a una sanción monetaria obligatoria que supera los 62,000 pesos.
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