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Sacerdote de Ciudad Juárez es sentenciado a 4 años de prisión por abusar de una menor

Una sentencia de casi cinco años de prisión ha quedado en firme tras confirmarse la responsabilidad de un clérigo en actos de abuso sexual contra una menor de edad

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|FGE

El proceso legal contra el clérigo Eliseo R. S. ha llegado a una resolución definitiva tras la ratificación de su condena. Después de analizar una serie de impugnaciones que buscaban invalidar el juicio original, la justicia determinó que la sentencia debe cumplirse de manera íntegra, señalando que las pruebas presentadas fueron contundentes para demostrar la comisión del delito de abuso sexual infantil con penalidad agravada.

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¿Qué detalles del suceso llevaron a la condena de prisión?

Los hechos que originaron este caso ocurrieron en junio de 2013, cuando el ahora sentenciado cometió un acto sexual contra una niña menor de 14 años. La resolución judicial enfatiza que el agresor se valió de su rol como figura de guía espiritual para llevar a cabo la agresión, utilizando específicamente el momento de la confesión para manipular la confianza y el respeto que la víctima le tenía.

La condena establecida es de cuatro años, diez meses y quince días de prisión. En la argumentación del caso, se subrayó que el abuso ocurrió en un entorno que debía ser seguro, lo que agravó la falta cometida. Al confirmarse que no existieron fallas en el proceso de juicio oral, el castigo privativo de la libertad se mantiene como la respuesta legal definitiva ante el daño causado a la integridad de la menor.

¿Qué medidas se ordenaron para prevenir casos similares en el futuro

?Como parte de la resolución, se determinó la necesidad urgente de modificar la forma en que los religiosos interactúan con la infancia y la adolescencia. Se ordenó una revisión profunda de las reglas de convivencia interna, con especial énfasis en prohibir o limitar estrictamente las sesiones privadas entre menores de edad y figuras religiosas, buscando eliminar los contextos de vulnerabilidad que permitieron la agresión en este caso.

Asimismo, se estableció la obligación social de las instituciones de reconocer y proteger activamente a los menores de edad. Con esta ratificación, el caso queda cerrado en las instancias locales, dejando un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes utilizan su posición de influencia para cometer actos ilícitos en contra de la libertad y el desarrollo psicosexual de las infancias.

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