La confirmación de la aplicación de la eutanasia a un niño de casi dos años de edad en Países Bajos generó una intensa conmoción y reabrió la discusión bioética a nivel internacional.
El infante presentaba una discapacidad cerebral sumamente grave derivada de un nacimiento prematuro a las 26 semanas de gestación. Esta condición le originó lesiones cerebrales irreversibles, parálisis severa, pérdida de la visión y frecuentes crisis epilépticas que no respondían a los tratamientos farmacológicos convencionales.
¿Cómo fue la muerte por enfermendad del menor de dos años?
A pesar de que el menor no se encontraba en fase terminal o de muerte inminente, su desarrollo físico y cognitivo permanecía al nivel de un recién nacido de seis semanas. Tras evaluar las severas dificultades del paciente para respirar, tragar y dormir, el equipo médico determinó que el niño enfrentaba un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejoría.
El procedimiento se ejecutó con el consentimiento explícito de los padres de familia. Posteriormente, el comité de revisión de Países Bajos analizó el expediente clínico y concluyó que el profesional de la salud actuó conforme al marco legal vigente, determinando que la intervención se apegó a los criterios de debida diligencia y transparencia establecidos en la legislación neerlandesa.
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