La ciudad de El Paso, Texas, formalizó un acuerdo financiero por la cantidad de 8 millones de dólares a favor de Daniel Villegas, un hombre que permaneció privado de su libertad durante casi dos décadas tras ser condenado injustamente por un doble homicidio que no perpetró. El pacto legal pone fin a una de las batallas jurídicas más emblemáticas y prolongadas sobre fallos del sistema penal en la vecina ciudad fronteriza.
Los antecedentes del caso se remontan a la adolescencia de Villegas, quien tenía tan solo 16 años de edad cuando las autoridades norteamericanas lo detuvieron y lo señalaron como el presunto responsable de los fallecimientos de dos jóvenes. Tras enfrentar diversos juicios y cumplir una larga sentencia en centros penitenciarios del estado de Texas, su defensa logró revertir el caso mediante apelaciones y peritajes que culminaron con su exoneración y absolución total de todos los cargos de la carpeta de investigación.
Tras recuperar su libertad física, el afectado interpuso una demanda civil en contra de la administración municipal de El Paso y de varios agentes del Departamento de Policía que participaron en el arresto inicial. El argumento central de la querella legal señalaba que los oficiales investigadores ejercieron presiones psicológicas y coacción para obligarlo a firmar una declaración ministerial con hechos falsos autoinculpatorios, aprovechándose de su minoría de edad y de la falta de asesoría legal en el interrogatorio.
Fuentes cercanas al litigio informaron que, si bien la reclamación económica inicial presentada por el equipo legal de Villegas exigía una indemnización significativamente mayor por los daños y el tiempo perdido en reclusión, ambas partes optaron por consensuar la cifra final de 8 millones de dólares. Con esta resolución, se cierra formalmente el expediente de demanda civil, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las corporaciones policiacas en la obtención de confesiones en la región fronteriza de Texas.
