Miembros del Congreso en Estados Unidos impulsan medidas legales para restringir la adquisición de terrenos agrícolas por parte de corporaciones y ciudadanos originarios de China. La iniciativa surge a partir de preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, concentrando la atención de las agencias de supervisión en aquellas propiedades que colindan o se ubican en las inmediaciones de perímetros considerados estratégicos o de interés gubernamental.
De acuerdo con los registros inmobiliarios, los estados que concentran la mayor cantidad de inversión de capital chino en el sector agrícola son Texas, Carolina del Norte y Misuri. El debate se intensificó debido a que diversos actores políticos califican estas transacciones comerciales como un riesgo potencial para la estabilidad económica y la soberanía del país.
Por su parte, analistas y especialistas en el sector agropecuario e internacional señalaron que la percepción de riesgo podría ser desproporcionada. Los expertos argumentan que el volumen total de los terrenos operados por inversionistas de esa nacionalidad equivale a menos del 1 por ciento del total de las tierras en manos extranjeras dentro del territorio estadounidense, una cifra que consideran marginal en comparación con el tamaño del mercado agrario norteamericano.
